Rumbo se busca

El “déficit cero” alcanzó a uno de los sectores más dinámicos de la economía que no ha dejado de crecer en los últimos 10 años, según datos de la industria: el de desarrollo de software. Al fin de los beneficios de la Ley de Promoción al Software, que cada vez se acerca más y no tiene un reemplazo a la vista, se le suman las retenciones a los servicios como parte de un combo para rescatar a las cuentas públicas.

De acuerdo con un estudio realizado por Accenture, la Economía del Conocimiento supone el 22 por ciento del PBI argentino y moviliza el 14 por ciento del total de la economía. Para el 2025, esta cifra podría subir al 25 por ciento, siguiendo la inercia actual, o alcanzar hasta el 30 por ciento con políticas dedicadas. Para lograrlo, deberían invertirse US$ 5.000 millones adicionales por año en ciencia y tecnología, y adicionarse al universo laboral 9.900 trabajadores especializados cada 12 meses. Sin embargo, todo apunta a que la luna de miel entre el Estado y el sector privado para el desarrollo de la Economía del Conocimiento está mostrando sus primeros claroscuros.

Idas y vueltas

La relación entre la política y las empresas del sector supo tener mejores momentos. El Distrito Tecnológico de Parque Patricios fue una política pública de impulso al sector cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a sus beneficios impositivos a la fecha las 200 hectáreas del lugar ya contienen a 300 empresas del sector que incluyen, además, una puesta en valor con locales dedicados a servicios como Megatlon y Starbucks. Construir un polo para startups de base tecnológica era el plan para que otras empresas les hicieran compañía a los unicornios locales: Globant, Despegar, OLX y MercadoLibre.

En la ciudad el idilio continuó con el arribo de Horacio Rodríguez Larreta a la primera magistratura porteña: el emprendedor Andy Freire quedó a cargo del Ministerio de Modernización (creado en 2011), y junto con él llegó Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE, a la subsecretaría de Economía Creativa, Desarrollo Científico y Emprendedor de la misma dependencia ministerial. Por su parte, Carlos Pallotti, ex director general de Argencon y director de la Fundación Sadosky, ocupó el cargo de subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos entre diciembre de 2015 y febrero de este año, cuando la dependencia se disolvio. Dejó tras su paso el ‘Plan 111 mil’, una iniciativa para formar más de 100.000 programadores en cuatro años. Lo cierto es que este apoyo a la modernización de la estructura productiva local rindió sus frutos al momento de llegar a la presidencia. Una de las primeras empresas en anunciar inversiones fue Globant que en 2016 se comprometió a desembolsar $ 1.200 millones en cinco años. A escala nacional, otros dos hitos fueron la Ley Pyme -que consiguió aprobar el Congreso Nacional en 2016 y la famosa de Emprendedores que, a escala nacional, incluyeron menor presión tributaria, mayor acceso al crédito, trámites simplificados e incentivos fiscales a la inversión.

Pero no duró. Este año, Larreta disolvió el Ministerio de Modernización porteño y el presidente Macri degradó a su versión nacional. A estas medidas se les sumó el anuncio de retenciones para las exportaciones del sector de los servicios $ 4 por cada dólar exportado hasta 2020 y que morigera el aumento de competitividad que obtuvieron aquellas firmas locales dedicadas a la exportación producto del salto abrupto en la cotización de la divisa estadounidense.

Otro ítem a destacar es que cada día está más cerca el fin del Régimen de Promoción de la Industria del Software, promulgado en 2004 y cuya última prórroga vence en diciembre del año próximo. Esta incluye un 70 por ciento de las contribuciones patronales, a través de un crédito fiscal intransferible para pagar impuestos nacionales. Una cifra para nada menor cuando se considera que el 80 por ciento de los costos de las empresas desarrolladoras y exportadoras de software corresponde a los salarios de ingenieros y desarrolladores. Hay que agregar, también, que la Ciudad de Buenos Aires otorga una rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos a aquellas compañías que estén dentro del régimen. Finalmente, cabe mencionar que el otorgamiento los fondos sectoriales de lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a toda la industria tecnológica (el Fondo Tecnológico Argentino y el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software) se encuentra congelado desde marzo.

Existen, entonces, sobradas razones para comprender por qué el último informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (Opssi) de la Cámara Argentina de Software (Cessi), dado a conocer el pasado 31 de agosto, muestra que las expectativas respecto del crecimiento de las exportaciones cayeron un 45,5 por ciento y las expectativas del empleo, 36. El mismo estudio indica que el volumen total de ventas esperado para este año y respecto de 2017 pasó de un cinco por ciento de crecimiento a una caída del 10. “Es difícil pensar nuevas propuestas, adquisición de equipos o tomar gente cuando en la industria estás trabajando con el 60 por ciento de la capacidad productiva”, dice el economista Fernando Peirano.

Infotechnology consultó a distintos referentes de la industria de desarrollo tecnológico nacional, con un foco en el software, para conocer su mirada sobre la confusa situación actual y cómo creen que se desarrollará en el futuro.

De cualquier laberinto se sale por arriba

Es justamente Pallotti, como exfuncionario del gobierno y referente del sector, el que intenta ver más allá de lo inmediato. “No creo que haya un mandato o estrategia de ir en contra el desarrollo de la industria tecnológica”, opina. Pero admite que el cortoplacismo imperante impide pensar a futuro y marca su desacuerdo con las retenciones, aunque apunta a que “los márgenes igual podrían dar”. Y agrega: “Nuestra industria tecnológica, incluso en épocas como estas, es la que genera divisas. Todas las semanas estoy recibiendo información de inversiones o de empresas interesadas en radicarse en el país”.

Para Freiré que renunció a su banca en la Legislatura porteña el pasado mes de junio y está planeando su regreso al sector privado, en el gobierno hay “un genuino y profundo compromiso de hacer de la Economía del Conocimiento un ejemplo” y que “cuanto más rápido se logren los objetivos que el presidente se puso, más se va a notar que esto de las retenciones es algo transitorio”.

Carlos Anino es ahora CEO de Napse, la nueva marca internacional de la brasileña Linx que hace poco más de un mes cerró la compra de la argentina Synthesis Retail Solutions, una compañía creada por este ingeniero devenido en emprendedor hace 20 años. El ejecutivo está preocupado por la posibilidad de que, según surge del artículo 83 del proyecto de presupuesto nacional 2019, el Poder Ejecutivo pueda aumentar las retenciones hasta un 33 por ciento del valor FOB del producto o servicio exportado. “Dicen que va a ser transitorio pero muchos de los impuestos que se incorporaron así todavía perduran, como el impuesto al cigarrillo o al cheque”, sostiene. Otro problema que puntualiza Anino es la falta de previsibilidad producto del continuo movimiento en la tasa de cambio. “No nos permite tener una postura y hacer números”. Señala otro hecho que complica a la Argentina, al tiempo que reclama reglas claras: “Mientras el gobierno argentino pone retenciones a productos informáticos, el uruguayo les quita los impuestos a todos los importadores y el presidente electo de Colombia dijo que va a sacar una ley para promover la industria del software”. 

Otro pedido es aclarar el lenguaje en la ley de presupuesto, que habla de que “las retenciones pueden dividirse en dos años pero no puntualiza que las retenciones necesariamente se terminan en dos años”, remarca Mariano Stampella, cofundador de la desarrolladora intive-FDV

En tanto, Adrián Anacleto, CEO de Epidata y vicepresidente de la Cámara de la Industria Argentina de Software (Cessi), señala que con las retenciones se ve amenazada la creación de 400.000 puestos de trabajo de valor agregado y que la mejora de competitividad desembocará en más puestos para el sector pero que generarán una menor entrada de divisa. “No es lo mismo desarrollar software y cobrar US$ 40.000 por empleado por año que atender un help desk y que esa cifra sea de US$ 20.000”. Agrega que, como la oferta de recursos humanos es World Class, el salario tarda poco en corregirse porque hay mucha demanda global. Y al igual que Anino, reclama previsibilidad. “No puede ser que hagas un contrato a cinco años y al final termines ganando 30 por ciento menos. Si el dólar alto se mantuviera y las retenciones fueran las mismas, esta industria es flexible y se reconfigura. Ahora, si te cambian las reglas todo el tiempo, la cosa se hace difícil.”

La mirada federal la aporta el titular de Dicsys y presidente de Córdoba Technology Cluster, Diego Casali. “No todas las empresas exportan. En Córdoba menos del 30 por ciento lo hacen. El resto trabaja para el mercado interno y para ellas los efectos de una devaluación son negativos, con una economía frenada y un mercado corporativo que ha frenado las inversiones”. A esto se le suma las complicaciones que comienzan a darse en la cadena de pago, “lo que se cobraba a 30 o 45 días, ahora llega a 60 o 90 y hay a quienes hace seis meses que no les pagan”, ejemplifica. “Eso, más las tasas a un 60 por ciento, generan muchos ruidos en un sector que nunca dejó de crecer en los últimos 10 años”.

“Una encuesta que hicimos muestra que las políticas que plantea el gobierno no tienen credibilidad en los empresarios que conforman la industria”, dice el representante de Cessi. Desde el gobierno, la respuesta la tiene Dante Sica, el ministro de Producción de la Nación, que en diálogo con Infotechnology reconoce que “estamos ante una retención excepcional. Estamos pensando en que no pase de 2020; lo hicimos para dar certidumbre en términos de políticas fiscales”.

El futuro de la ley de Software

Anacleto explica que la incertidumbre que hay alrededor de una posible prórroga de la ley de Software complica el día. “El impacto es tanto que uno no puede fijar un precio más allá de septiembre de 2019. Cuando uno le dice eso a una compañía extranjera no lo pueden creer”.

El asunto de la ley preocupa a todo el sector y todos tienen algo para decir. Desde Mercado Libre indican que ven a la legislación como “un claro ejemplo de política pública, impulsado por el anterior gobierno, que generó miles de empleos genuino y de alto valor agregado”. Puntualizan que en el caso de MeLi, como se la conoce en el Nasdaq, estos puestos son 2.500, de los cuales más de dos tercios son ingenieros que trabajan desde la Argentina para “desarrollar y exportar toda la tecnología de su ecosistema de comercio electrónico”.

En todo el sector saben, sí, que hay indicios de que se está trabajando en lo que viene: hay dos proyectos en Diputados y uno en Senadores que plantean extender la actual legislación hasta 2028 ó 2030. Además, en el ministerio de Producción están trabajando en un proyecto al que plantean como “superador”. “Estamos trabajando con distintos sectores de la industria de servicios basados en el conocimiento para tener una ley que no solo contemple el software sino a otros sectores como la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con la industria 4.0”, dice Sica ante la consulta de Infotechnology. Adelanta además que como este año vencen algunos beneficios de la Ley Pyme, pusieron en marcha el Consejo de Monitoreo y Competitividad del sector para debatir “una especie de upgrade de la ley para incluir mayor cantidad de empresas y emprendedores”.

Casali confirma lo dicho por el funcionario nacional. “La concepción es similar, apoyar a las empresas generadoras de conocimiento”. Pero, plantea el líder del clúster cordobés, lo ideal sería prorrogar la ley actual y luego continuar trabajando, más pensando que “2019 será un año electoral”. “Hoy hay un freno de mano en innovación, proyectos, inversiones, y hay que dar tranquilidad”, cierra.

Las medidas planteadas y sus efectos a corto plazo en las empresas de base tecnológica, cuyo core business en la actualidad está puesto en el desarrollo de software, así como la demora en decidir el futuro de legislación central para el sector pusieron a casi todos los consultados en pie de guerra. Anino, de Napse, directamente afirma que “atentan contra la economía formal” porque, con el salto del tipo de cambio y los sueldos que no se ajustan acorde, muchos profesionales van a terminar facturando en el exterior, que los demanda. “Queremos desarrollos que sean beneficiosos para todos, buscamos un crecimiento armónico y dentro de la economía formal”.

Se trata, en suma, de una industria que va a continuar creciendo porque, como dice uno de los entrevistados, “es flexible”. La cuestión es si va a continuar agregando valor a la economía, como ocurre en los países industrializados y más innovadores, o solo será un repositorio de recursos humanos de bajo valor (Cali Center y Help Desk tercerizados). En esta ecuación una parte importante les toca a las empresas locales, pero las decisiones que se tomen en las más altas esferas gubernamentales para reforzar medidas como la Ley de Software por citar un caso marcarán el camino para los próximos años.

Fuente: Information Technology

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